Hay otra forma de hacer las cosas, digan lo que digan. Lo que ha hecho el gobierno es optar por una serie de medidas en lugar de por otras, para recaudar más, como ha dicho Montoro. Pero no es verdad que los recortes que han anunciado sean los únicos posibles; sencillamente son los que ellos han elegido llevar a cabo.
Nadie va a poner en cuestión que hay que hacer algo o mucho. Y creo también que nadie duda que este gobierno no está haciendo lo que dijo o prometió al concurrir a las elecciones. No hay más que tirar de hemeroteca e informativos de radio y televisión para ver lo que decían sobre muchas cuestiones. Es importante, fundamental diría yo, desde la óptica de una responsable actuación política, tener en cuenta los compromisos adquiridos con los ciudadanos a través del programa electoral con el que se concurre a las elecciones. Esa es una de las causas de deslegitimación de un gobierno y es lo que está pasando con sus decisiones, aunque quieran justificarlo diciendo que tienen que seguir el «guión europeo».
Teniendo en cuenta algunas de las propuestas que se hacen desde diversos sectores, pongamos algún ejemplo. Que en vez de suprimir concejales se supriman las diputaciones. Según pude leer en algún momento, la supresión de la superestructura política de las diputaciones supondría un ahorro anual de casi 20.000 millones de euros, frente a los poco más de 3.500 millones que se ahorrarán suprimiendo el 30% de concejales. Y también se conseguiría mejorar la financiación municipal y potenciar los Ayuntamientos como administración más próxima al ciudadano.
Pero además, hay otras alternativas: eliminar el Senado; reducir los diputados del Congreso; anular ministerios o secretarías cuyas competencias ya están delegadas a las Comunidades Autónomas; eliminar altos cargos de aquí y de allá, delegados y subdelegados y sus “séquitos”. Y un tema del que poco se ha hablado, que se persiga el fraude fiscal de manera decidida, lo que podría llegar a suponer en términos globales entre 50.000 y 90.000 millones de euros, según algunos análisis del asunto. En fin, si hacemos cuentas entre la supresión de las diputaciones (unos 20.000 millones) y con un buen control del fraude (unos 50.000 millones) ya tendríamos más dinero que lo que van a suponer los recortes ahora planteados, sin tener que perjudicar a los ciudadanos ni eliminar derechos, ni sueldos de empleados públicos, ni hacer recortes en educación, cultura o sanidad.
Está claro que hay otra manera de hacer esos ajustes y que se pueden tomar otras decisiones políticas, sin que tengan que pagar siempre los mismos. Como siga así la cosa, me temo que, parafraseando a Ortega, vamos a tener que decir «a nuestros conciudadanos: ¡Españoles, vuestro Estado no existe!¡Reconstruidlo!»
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